Amnistía Internacional expresa su preocupación por las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a entidades estatales venezolanas el 5 de agosto de 2019.
En una emergencia humanitaria que ya es grave y nefasta, en la que la falta de medicamentos, insumos médicos, alimentos y otros bienes de primera necesidad afecta a la población que trata de sobrevivir en Venezuela, ampliar el alcance de las sanciones a todas las autoridades y entidades gubernamentales intensifica el riesgo de que se produzcan más violaciones de derechos humanos y el riesgo de seguir forzando a los venezolanos y las venezolanas a abandonar su país para huir de esa situación extrema.
No se puede ignorar la responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro por el origen de esta crisis, como lo señaló la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su último informe sobre Venezuela, publicado el 5 de julio de 2019: La economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial. La imposición de sanciones no reduce de forma alguna la responsabilidad del gobierno de Maduro ni su obligación de tomar todas las medidas posibles para mitigar el impacto de esta emergencia humanitaria en la población.
Amnistía Internacional recuerda a las autoridades estadounidenses que es probable que las sanciones integrales causen daño a la población. Es improbable que puedan aplicarse sanciones sin grandes efectos adversos en los derechos económicos y sociales de la población civil del país objeto de esas sanciones, que debilitarán principalmente los derechos a la alimentación y a la salud. Aunque un régimen de sanciones integrales se haya diseñado con exenciones humanitarias adecuadas, como pareciera ser el caso, mantiene un alto riesgo de sobrecumplimiento de las restricciones impuestas por el marco de sanciones por su efecto disuasorio (overcompliance, en inglés), algo sumamente difícil de evitar y que, en la práctica, puede hacer que casi se eliminen las excepciones humanitarias.
Por eso, Amnistía Internacional considera que estas medidas financieras punitivas impuestas al gobierno de Maduro resultarán ineficaces en relación con sus objetivos declarados y pueden potencialmente profundizar la crisis de los derechos humanos en Venezuela. Además, su carácter unilateral y colectivo y su falta de límites temporales pueden ser contrarios al derecho internacional, por lo que las autoridades estadounidenses deben eliminarlos. Mientras esas sanciones estén en vigor, las autoridades estadounidenses deben hacer un seguimiento de su impacto en la vida de las personas en Venezuela. Asimismo, deben asegurarse de que se respeten las exenciones relativas a bienes humanitarios y se minimice el efecto disuasorio de las sanciones en relación con esas importaciones.
Los organismos y agencias de las Naciones Unidas deben tomar más medidas para hacer frente a la emergencia humanitaria en Venezuela, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil local. El gobierno de Maduro tiene la obligación de solicitar y aceptar ayuda y cooperación de la comunidad internacional.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Amnistía Internacional ha documentado una amplia gama de delitos según el derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos causadas por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela desde 2014, que incluyen detenciones arbitrarias por motivos políticos, torturas y otros malos tratos, ejecuciones extrajudiciales, uso abusivo de la fuerza, desapariciones forzadas y falta de un poder judicial independiente y de garantías del debido proceso, así como violaciones de los derechos a la alimentación y la salud.
El reciente informe de investigación de Amnistía Internacional, Hambre de justicia: Crímenes de lesa humanidad en Venezuela, concluyó que las ejecuciones extrajudiciales selectivas, las detenciones arbitrarias y las muertes y lesiones causadas por un uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno de Nicolás Maduro formaban parte de una política de represión sistemática y generalizada que se ha aplicado, por lo menos, desde 2017 y pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
DECLARACIÓN PÚBLICA AMNISTÍA INTERNACIONAL
El grave deterioro de las condiciones de vida y la violación sistemática de derechos económicos, sociales y culturales afectan aún a la mayoría de la población de Venezuela y han obligado a más de cuatro millones de personas a huir del país, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Amnistía Internacional ha instado a la comunidad internacional a dar una respuesta a esta crisis de los derechos humanos que refleje el derecho internacional y el derecho de los derechos humanos y ha pedido que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cree una Comisión de Investigación, una de las únicas vías disponibles para exigir responsabilidades por las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional cometidos en Venezuela