Uruguay y el mundo están viviendo una situación de emergencia sanitaria y social producto de la crisis por COVID-19.
La OMS declaró el 11 de marzo, el estado de pandemia y exhortó a los Estados a tomar medidas para frenar la propagación y atenuar sus consecuencias. El 13 de marzo, se confirmaron los primeros 4 casos de COVID-19 positivo en Uruguay y desde entonces, las autoridades han desplegado medidas de prevención y contención como el cierre parcial de fronteras, la suspensión de actividades públicas masivas, suspensión de clases por 14 días en todos los niveles educativos, difusión de las medidas de higiene personal para prevenir el contagio, pedido de reducción al máximo posible de la movilidad de las personas, entre otras.
Éstas y otras decisiones que las autoridades de Uruguay y de otros países tomen para responder a la pandemia tendrán un impacto en los derechos humanos de millones de personas.
Estamos viviendo un momento difícil y cambiante, que es muy exigente para todas y todos, pero es fundamental que las autoridades actúen de manera oportuna, siempre respetando y garantizando los derechos humanos de toda la población.
Los Estados tienen la obligación de proteger y garantizar el derecho a la salud de todas las personas, sin discriminación. Si bien se reconoce que algunas de las medidas pueden imponer ciertas restricciones a algunos derechos humanos para proteger y priorizar la salud pública; en ningún caso debe olvidarse que es su responsabilidad dar una respuesta oportuna y atendiendo la situación de los grupos sociales más vulnerados.
Amnistía Internacional está dando seguimiento cercano a las medidas que las autoridades están adoptando frente a la crisis para asegurar que se están respetando y garantizando los derechos humanos de todas las personas.
Amnistía Internacional pide a las autoridades de los Estados que den respuesta a la emergencia sanitaria y social por el COVID-19 teniendo en cuenta el respeto de los derechos humanos y, especialmente: Amnistía Internacional pide a las autoridades de los Estados que den respuesta a la emergencia sanitaria y social por el COVID-19 teniendo en cuenta el respeto de los derechos humanos y, especialmente:
1) Garantizar el derecho a la salud: los Estados tienen la obligación de tomar medidas necesarias para prevenir, brindar tratamiento y controlar las enfermedades que afectan a toda la población.
2) Garantizar el acceso a la información sobre la pandemia y las medidas que se toman al respecto: las personas tienen que estar informadas sobre los riesgos que el COVID-19 representa para su salud, así como también tener claridad sobre las medidas que pueden tomar para prevenirla. De igual modo, las autoridades deben informar oportunamente sobre el estado de la emergencia sanitaria, las medidas que se toman y su consecuente impacto en la población.
3) Garantizar la atención a los grupos más vulnerados y de mayor riesgo: deben extremarse los esfuerzos por garantizar los derechos de las personas en situación de calle, migrantes, personas privadas de libertad, trabajadoras sexuales, trabajadoras domésticas, trabajadores/as informales, mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia y personas adultas mayores.
4) Garantizar un enfoque de género y no discriminación: las autoridades deben tener en cuenta que las medidas como la cuarentena y las restricciones de viajar podrían poner a mujeres, niñas, niños y adolescentes en un mayor riesgo de sufrir violencia a manos de sus parejas o familiares y limitar su acceso a apoyo. Se deben tomar medidas para mitigar estos riesgos y brindar una respuesta adecuada a este contexto.
5) Garantizar los derechos laborales y la seguridad social: es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a la seguridad social y respetar los derechos laborales, incluso en un contexto de exigencia extrema al sistema de previsión social.
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