Luego de hacerse pública la confesión, el presidente de Uruguay ordenó el 1° de abril enviar a la Fiscalía General de la Nación los testimonios de tres ex militares condenados por crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985). Los mismos habían sido registrados por un tribunal de honor del Ejército.
En las declaraciones ante el tribunal, José Nino Gavazzo Pereira admitió que en 1973 arrojó el cuerpo del prisionero político Roberto Gomensoro al río Negro para hacerlo desaparecer. Por su parte, Jorge Silveira Quesada (alias Pajarito Silveira) indicó a Gavazzo como responsable de la muerte de Gomensoro y de Eduardo Pérez Silveira, así como de la desaparición forzada de María Claudia García de Gelman.
Ante esta confesión Amnistía Internacional demanda una vez más a las autoridades uruguayas que adopten de inmediato todas las medidas necesarias para llevar ante la justicia a todas las personas sospechosas de responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional, incluidos los crímenes de lesa humanidad, sin importar en la fecha que fueron cometidos.
Amnistía Internacional recuerda al estado uruguayo, incluida la Suprema Corte de Justicia, que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, tal como lo establece la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, de la que Uruguay es estado parte.
Uruguay debe saldar su deuda persistente con respecto a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición de los crímenes del pasado, los que se encuentran impunes hasta el presente.