El Estado uruguayo debe garantizar condiciones de vida digna en los centros penitenciarios del país.
Amnistía Internacional Uruguay expresa su profunda preocupación ante la grave situación de desnutrición y tortura a la que fue expuesta una persona privada de libertad en el módulo 11 de la Unidad 4 Santiago Vázquez.
Este caso, denunciado por la prensa en los medios de comunicación y por la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario ante la justicia, expone las graves consecuencias que tiene la alta prisionización y sobrepoblación en el proceso de rehabilitación de las personas privadas de libertad en Uruguay, situación que ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por Amnistía Internacional Uruguay.
Uruguay, en tanto Estado parte de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas y su Protocolo Facultativo, debe garantizar a las personas privadas de libertad, condiciones de vida digna en los centros penitenciarios impidiendo que se den situaciones de malos tratos, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En este sentido, recordamos que el Estado debe diseñar, implementar y evaluar políticas públicas en materia penitenciaria que promuevan una efectiva convivencia en los centros de privación de libertad, desarrollando programas robustos de rehabilitación que brinden oportunidades de reinserción en la sociedad.
Por último, exhortamos a las autoridades ministeriales y penitenciarias a realizar una investigación exhaustiva para esclarecer este caso y brindar garantías de no repetición a las personas privadas de libertad.