Siete mujeres, de las cuales 6 son migrantes de origen peruano y dominicano, con 10 hijos e hijas lactantes o en edad escolar, se encuentran ocupando un inmueble abandonado en el área céntrica de Montevideo desde mayo 2018, debido a la imposibilidad de acceder a una vivienda.
En el mes de abril de 2018 recibieron una comunicación de la Seccional Policial 3ra en la que se manifestaba que por orden de la Fiscalía de Flagrancia de 5 turno se les concedía un plazo de 20 días para retirarse del inmueble. El 25 de junio de 2018 se les notificó por la policía que la Fiscalía les daba un plazo de 5 días para abandonar la finca, bajo apercibimiento de ser conducidos por el delito de usurpación. Una vez que concurrieron a fiscalía se les informó finalmente que el plazo para el desalojo vencía indefectiblemente el viernes 7 de setiembre a la hora 15.00 oportunidad en que debían entregar la llave de la finca a la abogada del denunciante en presencia de la policía.
Durante este periodo agentes estatales les han advertido que podrían ser formalizadas por el delito de usurpación si no abandonan el inmueble o incluso quitar la tutela de sus hijos e hijas menores. Esta intimación a abandonar la vivienda que se realiza por la fiscalía ignora las decisiones judiciales tomadas en el ámbito civil, y la intimación de abandonar las fincas el 7 de setiembre se hace sin que exista siquiera una resolución judicial que lo disponga.
La desprotección respecto a su derecho al acceso a una vivienda adecuada representa una mayor desprotección dada la situación de desigualdad en la que se encuentran como mujeres migrantes con familia a cargo. La exposición a situaciones de violencia de género se multiplica al no contar con un lugar donde residir en paz y dignidad, como establecen los estándares nacionales e internacionales.
Recordamos que el estado es el garante de todos los derechos y que debe procurar acciones que no vulneren aún más a personas en situación de precariedad, buscando alternativas para no efectuar un daño mayor y en este caso irreparable. Remarcamos la importancia de considerar los daños que provocaría un desalojo de estas familias sin otra alternativa adecuada; el impacto en estos niños y niñas en su vida cotidiana, en su desempeño educativo y en su salud psicosocial.
Por todo lo expuesto, solicitamos a la Fiscalía General de la Nación que tome las medidas correspondientes para evitar una vulneración mayor a estas mujeres y sus familias; proceda a la revisión de la orden de desocupación hasta que el asunto se dirima ante la justicia competente en materia de desalojos, y a su vez el Estado proporcione una solución alternativa a través de los organismos competentes con responsabilidad en la materia. De esta manera dará garantías de respeto de todos los derechos involucrados.
Organizaciones firmantes:
– Amnistía Internacional-Uruguay (AIU)
– CAPTE-Paysandú
– Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo-Uruguay (CIEDUR)
– Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CDH)
– Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer- (CLADEM-Uruguay)
– Colectivo Ovejas Negras
– Cotidiano Mujer
– Fundación Bensadoun Laurent
– Idas y Vueltas
– Núcleo de Estudios Migratorios y Movimientos de Población (NEMMPO), Facultad de — Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República
– Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS)
Adhiere:
– Red de Apoyo al Migrante-Uruguay