Los últimos años —dominados por la pandemia de COVID-19— han tenido un impacto desproporcionado en las mujeres y las niñas. Ha aumentado la violencia de género en el ámbito familiar, ha empeorado la inseguridad laboral para las mujeres, se ha erosionado el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la presencia de las niñas en las escuelas se ha reducido de forma espectacular en muchos lugares. Quienes ya eran las más marginadas han sufrido las peores consecuencias. Deben revocarse las decisiones adoptadas por gobiernos y autoridades que han empeorado la situación de las mujeres y las niñas.
Asimismo Los Estados deben eliminar gradualmente —y exigir a las empresas que lo hagan— las políticas y prácticas contaminantes y otras políticas y prácticas insostenibles desde el punto de vista ambiental que afectan negativamente a los derechos humanos de las personas; adoptar políticas energéticas limpias compatibles con los derechos humanos, y garantizar una “transición climática justa” que asegure la justicia racial y de género y los derechos de todos los grupos desfavorecidos.