Durante el primer aniversario del inicio de las protestas, el gobierno del presidente Ortega tuvo la oportunidad de mostrarle al pueblo nicaragüense, y a la comunidad internacional que el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos trasciende un discurso que se recita constantemente en una mesa de negociación o en foros internacionales, dijo Erika Guevara Rosas.
Amnistía Internacional recibió numerosas denuncias de detenciones arbitrarias, obstáculos al ejercicio de la libertad de expresión y hostigamiento a periodistas. En ese contexto, el joven Yader Parajón, activista y hermano de una de las víctimas mortales de las protestas, fue detenido el 16 de abril por agentes de policía que lo interceptaron y lo llevaron a una delegación policial. Yader denunció que durante los casi seis días que estuvo detenido, no tuvo acceso a asistencia legal, no pudo notificar o ver a su familia y nunca se le informó el motivo de su detención.
Lamentablemente, las autoridades demostraron que su estrategia para salir de la crisis, lejos de garantizar justicia, verdad y reparación, incluye seguir reprimiendo cualquier forma de protesta o disidencia e intentar silenciar a los medios de comunicación independientes. Erika Guevara Rosas.
Según la información que recibió Amnistía Internacional, en el marco de la convocatoria ciudadana para una marcha pacífica por el aniversario de la crisis, agentes policiales cercaron el punto principal de encuentro de las personas manifestantes y las zonas aledañas, impidiendo el inicio de la marcha y la salida temporal de las personas que se encontraban en el lugar.
En este contexto, se registró la detención de decenas de personas manifestantes y un periodista. Y se recibieron reportes de intimidación por supuestos grupos parapoliciales que recorrían la zona de la protesta en motos y camionetas.
La espiral de violencia estatal no llega a su fin en Nicaragua. En lugar de tomar todas las medidas a su alcance para garantizar que la violencia cese, las autoridades siguen instaurando un ambiente de terror, donde cualquier intento por ejercer la libertad de expresión y el derecho a reunión pacífica es castigado con represión, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Según la información recibida por Amnistía Internacional, el asedio continuó en las celebraciones religiosas de carácter público el 19 de abril con intimidación ejercida por la policía contra los participantes de la celebración religiosa del viacrucis.
