Tras la aprobación de una ley de amnistía por parte de la Asamblea Nacional nicaragüense, 56 personas fueron puestas en libertad el 11 de junio de 2019, entre ellas los líderes estudiantiles Amaya Coppens y Christopher Olivas y los periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora. Sin embargo, decenas de personas permanecen en prisión, y la ley de amnistía recientemente aprobada seguiría poniendo en peligro la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la crisis.
Instamos a las autoridades nicaragüenses a poner de inmediato en libertad a todas las personas detenidas exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y a retirar los cargos en su contra.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 18 de abril de 2018, tras años de declive institucional en Nicaragua, estallaron protestas tras el intento del gobierno de implementar sin consulta previa reformas impopulares a la seguridad social. A estas protestas se respondió con una violenta represión. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la crisis ha causado la muerte de 325 personas, entre ellas 21 policías y 24 niños, niñas y adolescentes, y heridas a más de 2.000. Además, las cifras facilitadas por la sociedad civil determinan que se ha detenido a más de 700 personas. Asimismo, se ha destituido a 300 profesionales de la salud, se ha expulsado a 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y se ha obligado a exiliar a más de 70 periodistas y profesionales de los medios de comunicación. Según el ACNUR, unas 62.000 personas nicaragüenses han huido a los países vecinos; 55.000 de ellas han buscado refugio en Costa Rica.
El 16 de mayo de 2019, Eddy Montes (de 57 años), con doble nacionalidad nicaragüense y estadounidense, murió por disparos en la prisión La Modelo de Managua. Él y otros que resultaron heridos habían sido detenidos por participar en las protestas de 2018. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una Ley de Amnistía el 8 de junio de 2019.
El informe de Amnistía Internacional Sembrando el terror concluyó que uno de los elementos centrales de esta política de represión eran los persistentes esfuerzos del Estado nicaragüense por criminalizar a quienes se le oponen, refiriéndose a quienes protestaban contra el gobierno como terroristas o conspiradores para justificar sus acciones violentas.
Desde entonces, las protestas han continuado, reclamando un cambio sustancial en la situación. Más de un año después del comienzo de la represión de las protestas, Amnistía Internacional sigue recibiendo informes de detenciones arbitrarias y tortura de personas privadas de libertad. Además, las organizaciones de la sociedad civil cuyo estatus jurídico fue cancelado por el gobierno (incluido el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH) siguen sin poder realizar libremente su trabajo en el país, y continúa el acoso contra periodistas y personas que defienden los derechos humanos. Los ataques contra la libertad de expresión y reunión pacífica indican una estrategia continuada para reprimir las voces discrepantes.
Firmá esta carta para exigir a las autoridades nicaragüenses que pongan de inmediato en libertad a todas las personas detenidas exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y a retirar los cargos en su contra.