El 11 de julio tuvieron lugar en todo Cuba manifestaciones para protestar por la economía, la falta de medicinas y las prolongadas restricciones a la libertad de expresión. Potencialmente hay cientos de manifestantes en prisión, y muchos están siendo acusados de «desórdenes públicos» y otros delitos muy utilizados para silenciar las opiniones alternativas en el país. Pedimos que todas las personas que han protestado pacíficamente sean puestas en libertad inmediata e incondicional.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 11 de julio, la gente salió a las calles de toda Cuba para protestar pacíficamente por la economía, la escasez de medicinas, la respuesta a la COVID-19 y las restricciones históricamente estrictas a la libertad de expresión y de reunión.
A 21 de julio, potencialmente cientos de personas continúan detenidas tras las protestas, según van recopilando listas las ONG Cubalex y Prisoners Defenders. El 16 de julio, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos pidió a Cuba que ponga en libertad a las personas detenidas por ejercer pacíficamente su derecho a la protesta. Michelle Bachelet expresó preocupación por el gran número de personas detenidas y pidió a las autoridades que pusieran en libertad a las que estaban bajo custodia por ejercer pacíficamente su derecho a la protesta.
Desde el 16 de julio, Amnistía Internacional ha hablado con numerosos familiares de personas detenidas en el contexto de las protestas. Éstos dijeron a la organización que las autoridades no les habían informado del paradero de sus seres queridos. En un caso, la familia no había sido informada del paradero de una persona durante 96 horas. En otro caso, un miembro de la familia señaló que no habían podido localizar a su pariente durante seis días. En ninguno de los casos los familiares habían recibido una llamada telefónica de las personas detenidas.
El 14 de julio, representantes de la Fiscalía General y del Ministerio del Interior declararon en la televisión estatal que estaban investigando la responsabilidad individual de la organización de las protestas y los «delitos» cometidos durante las manifestaciones. Ese mismo día, el Comité para la Protección de los Periodistas pidió a las autoridades que pusieran en libertad inmediata e incondicional a todos los periodistas detenidos durante las protestas. Según dijo, las autoridades habían «impedido de manera intermitente que decenas de periodistas salgan de sus casas»; además, el Comité pidió al gobierno que permitiera a la prensa cubrir libremente las protestas y que dejara de bloquear el servicio de Internet en el país.
El 20 de julio, en Canal Caribe, emisora controlada por el Estado, representantes de la Fiscalía General y del Ministerio del Interior negaron que se estuviera ocultando a las familias información sobre las personas detenidas el 11 de julio. No obstante, durante el programa no estuvieron presentes representantes de las familias ni otras voces alternativas. Granma, el periódico estatal cubano, también tuiteó que no había personas en paradero desconocido, y calificó las protestas del domingo como disturbios.
Los derechos de la persona detenida a comunicarse con el mundo exterior y a recibir visitas son salvaguardias fundamentales frente a violaciones de derechos humanos como la tortura u otros malos tratos y las desapariciones forzadas. Además, Cuba es Estado Parte en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Según la Convención, la negativa a reconocer la privación de libertad o a desvelar la suerte o el paradero de una persona tras su detención puede constituir desaparición forzada, un crimen de derecho internacional.
Las autoridades cubanas llevan mucho tiempo utilizando una diversidad de disposiciones del Código Penal para sofocar la disidencia y castigar a quienes critican al gobierno. Entre las disposiciones más utilizadas se encuentran el desacato, la resistencia y los desórdenes públicos.
Los datos de red obtenidos por Netblocks indican que varias plataformas de redes sociales y comunicaciones, entre ellas Whatsapp, Facebook e Instagram, se vieron alteradas en Cuba a partir del 12 de julio, lo que dificultó las comunicaciones con el país y dentro de él.