Al menos 28 personas, tres de ellas menores de edad, podrían ser ejecutadas en relación con las protestas que se extienden por todo Irán. Las autoridades iraníes, utilizan la pena de muerte como herramienta de represión política para infundir miedo entre la población y poner fin al levantamiento popular.
Amnistía Internacional teme que, además de las 28 personas cuya identidad se conoce, muchas otras corran peligro de ser ejecutadas, tras las miles de acusaciones formales presentadas. Este temor se agrava por las peticiones oficiales de juicios rápidos y ejecuciones públicas. De los nueve hombres juzgados, solo Mohammad Ghobadlou está acusado en relación con la muerte de un agente de policía. Por otro lado, Mohammad Boroughani está acusado de presunta participación en incendios provocados y de atacar a un funcionario del Estado y los siete restantes, de presuntos actos de vandalismo, incendio y destrucción de bienes públicos y privados.
Dentro de los detenidos, también se encuentra el rapero disidente Toomaj Salehi quien fue acusado de “enemistad con Dios” (moharebeh) y “corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz), estos cargos parecen motivados únicamente por el carácter crítico de su música y sus publicaciones en redes sociales, en las que denuncia prácticas injustas del poder establecido en la República Islámica y pide libertad y derechos humanos para la población de Irán. Según fuentes bien informadas, ha sido torturado bajo custodia.Lo expuesto, constituye otra grave violación de las obligaciones de las autoridades de Irán en virtud del derecho internacional, según el cual sólo son punibles con la muerte “los más graves delitos” que impliquen homicidio intencional.
La lista de personas ejecutadas no para de crecer. . Las autoridades iraníes están recurriendo a la pena de muerte como herramienta de represión para propagar el miedo y ejercer venganza contra quienes, manifestándose, se atreven a desafiar el orden establecido. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, independientemente de la naturaleza del delito, de las características de la persona acusada o del método de ejecución utilizado por el Estado. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.
Compartí este mensaje con otras personas para denunciar la situación en Irán y exigir que todas las sentencias condenatorias y penas de muerte sean anuladas inmediatamente y que se garantice que toda persona acusada de cualquier delito común reconocible sea juzgada en procesos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos, sin recurrir a la pena de muerte.