Ante la imputación de un ex-senador de la República por delitos sexuales hacia la niñez, Amnistía Internacional recuerda que la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes representa una violación grave a los derechos humanos. En 2022, el 20% de las denuncias de violencia de niños, niñas y adolescentes fue por situaciones de violencia sexual. El 77% corresponde a niñas o adolescentes mujeres y el 23% a niños o adolescentes varones. De las 7473 denuncias totales, un 3% fue por situaciones de explotación sexual.
El Estado debe garantizar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, tiene responsabilidad en la prevención, la atención y la reparación. Cuando se constata el abuso sexual, el Estado debe protegerlos/as para que el proceso sea el adecuado, garantizando su seguridad y condiciones para dar testimonio. El uso indebido del aparato del Estado para obstaculizar el acceso a la justicia y la protección de las víctimas viola directamente el sistema de garantías de derechos.
En Uruguay las niñas, niños y adolescentes están en riesgo.