En el día mundial del ambiente recordamos que el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales de los Países de América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) entró en vigor el 22 de abril de 2021 y se encuentra en fase de implementación.
El Acuerdo de Escazú del que Uruguay forma parte, es una herramienta clave que permitirá un enfoque más participativo para la toma de decisiones, la formulación de políticas y proyectos relacionados con el medio ambiente y la disminución y mitigación de conflictos generados por la falta de participación efectiva de aquellas comunidades afectadas. El acuerdo profundiza las obligaciones de derechos humanos que los Estados de la región han adquirido previamente a través de otros instrumentos internacionales en relación con el derecho de acceso a la información pública; la participación en la toma de decisiones, incluida la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas; el derecho a un medio ambiente sano; la igualdad de acceso a la justicia en referencia a los derechos ambientales, así como la protección de personas que defienden los derechos humanos y el ambiente, entre otros.
Estas obligaciones adquiridas por los Estados en América Latina y el Caribe, junto con otros compromisos asumidos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros acuerdos internacionales, reflejan el compromiso con un desarrollo respetuoso del medio ambiente y que respete los derechos humanos y las futuras generaciones.
Durante años, América Latina y el Caribe ha sido la región más peligrosa para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente. En la última década, el mayor número de asesinatos de estas personas defensoras se produjo en países como Brasil, Colombia, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú1. A pesar de ello, sólo 15 de los 33 países han ratificado el acuerdo, y su aplicación sigue siendo un trabajo en curso. Es urgente que los Estados y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) -patrocinadora del Acuerdo de Escazú- tomen medidas ambiciosas y coordinadas -basadas en la legislación y los principios de derechos humanos- para detener y revertir la grave situación a la que se enfrentan las personas defensoras del medio ambiente en la región.
La firma y/o ratificación del Acuerdo de Escazú señala la voluntad de los paises de cooperar regionalmente para la protección del medio ambiente y de las personas defensoras del medio ambiente, así como para garantizar que el público tenga acceso a información medioambiental adecuada que sea relevante para el cumplimiento y la protección de sus derechos humanos.
La firma y/o ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú envía un mensaje muy necesario de que los países toman en serio la situación de degradación del del medio ambiente y la crisis climática. Además, refuerza la capacidad de las personas defensoras de participar en los procesos de toma de decisiones sobre estos temas y de seguir luchando por la protección del medio ambiente.