A tres años del inicio del “estallido social” ningún alto mando responsable de la estrategia desplegada para callar las protestas a toda costa ha sido imputado y tan solo se conocen 16 condenas en casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante este periodo.
El 18 de octubre es una fecha que nos recuerda la fuerza transformadora de las protestas multitudinarias que desencadenaron un proceso constituyente aún en curso. Sin embargo, nos enfrenta también a la lamentable situación de impunidad generalizada. Los mandos de Carabineros a cargo de la gestión del estallido social siguen sin rendir cuentas mientras la mayoría de las víctimas de violaciones de derechos humanos esperan justicia y reparación tras los brutales abusos cometidos por las fuerzas policiales.
Según la Fiscalía Nacional, de los 10.936 casos de violaciones de derechos humanos ocurridos durante el estallido social, únicamente existen 130 casos formalizados, 206 personas imputadas y 16 condenas, entre ellas la sentencia a 5 años y un día de prisión en contra de un militar por la muerte de Kevin Gómez, quien murió por disparo a quemarropa en Coquimbo. Asimismo, destaca la condena a 12 años de cárcel contra el ex funcionario de Carabineros que dejó ciega y sin los sentidos del gusto y el olfato a Fabiola Campillai, tras dispararle una lacrimógena a la cara en Santiago.
La crueldad de estos casos fue documentada por Amnistía Internacional en su informe “Ojos sobre Chile. Violencia policial y responsabilidad de mandos durante el estallido social”, el cual señala que los medios y técnicas instauradas por los mandos de Carabineros dieron lugar a la violación generalizada del derecho a la integridad personal. Miles de personas resultaron heridas y más de 440 sufrieron trauma ocular, producto de la munición utilizada por Carabineros para silenciar las protestas.
Amnistía Internacional reconoce que, aunque el proceso para la reforma de la institución de Carabineros ha sido lento, se están dando pasos en la dirección correcta. Rodrigo Bustos sostiene que la reforma profunda y estructural a Carabineros debe concretarse cuanto antes y debe modificar el marco normativo de la institución para asegurar que todas sus actuaciones se apeguen a los derechos humanos. Igualmente, debe garantizar la creación de mecanismos independientes de control y rendición de cuentas.
Por otra parte, Amnistía Internacional manifiesta su preocupación respecto de la decisión del Gobierno de mantener en su cargo al General Director de Carabineros, a pesar de haber sido llamado como imputado en una de las querellas por crímenes de lesa humanidad que investiga la fiscalía, así como los indicios que señaló Amnistía Internacional sobre su posible responsabilidad en la respuesta represiva a las protestas sociales mientras se desempeñaba como Director de Orden y Seguridad.
Cualquier persona con indicios serios de haber ordenado o tolerado la violación generalizada de derechos humanos debería ser retirada de su cargo hasta que se deslinde judicialmente su responsabilidad, más aún si se pretende avanzar en una reforma seria de Carabineros.