Los 13 activistas, detenidos el 14 de noviembre de 2019 tras dar agua a un grupo de personas que mantenían una huelga de hambre para pedir la liberación de sus familiares detenidos, forman parte de un grupo de 91 personas puestas en libertad el 30 de diciembre de 2019. No obstante, siguen enfrentándose a cargos y comparecerán ante el tribunal el 30 de enero de 2020. Según grupos locales, 65 personas detenidas tras las protestas de abril de 2018 permanecen en prisión. Instamos a las autoridades nicaragüenses a retirar todos los cargos y poner de inmediato en libertad a todas las personas detenidas exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 18 de abril de 2018 estallaron protestas tras el intento del gobierno de implementar sin consulta previa reformas impopulares a la seguridad social. A estas protestas se respondió con una violenta represión. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la crisis ha causado la muerte de 328 personas y heridas a más de 2.000. Además, las cifras facilitadas por la sociedad civil determinan que se ha detenido a más de 700 personas. Aparte de eso, se ha destituido a 300 profesionales de la salud, y se ha expulsado a 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). Unas 80.000 personas nicaragüenses han huido a países vecinos; hasta agosto de 2019, 68.000 de ellas habían pedido refugio en Costa Rica, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Más de un centenar de periodistas y profesionales de los medios de comunicación han tenido que exiliarse.
Hasta el momento, el gobierno no ha cumplido su compromiso, formulado en marzo de 2019, de poner en libertad a todas las personas detenidas exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica desde el 18 de abril de 2018. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el 8 de junio de 2019 una Ley de Amnistía, a raíz de la cual 56 personas fueron puestas en libertad el 11 de junio de 2019. Sin embargo, se han denunciado varios casos de represión.
Según las organizaciones locales, al menos 130 personas continúan detenidas. El 16 de mayo de 2019, Eddy Montes (de 57 años), de doble nacionalidad nicaragüense y estadounidense, murió por arma de fuego en la prisión La Modelo de Managua. Él y otros que resultaron heridos habían sido detenidos por participar en las protestas de 2018. Asimismo, la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos y la Unidad de Defensa Jurídica han informado de que María Guadalupe Ruiz Briceño (de 22 años), estudiante y activista, fue detenida arbitrariamente y con violencia por la policía en julio de 2019, y las autoridades no han cumplido adecuadamente las normas de debido proceso.
En su informe Sembrando el terror, Amnistía Internacional concluyó que uno de los pilares fundamentales de esta política de represión eran los persistentes esfuerzos del Estado nicaragüense por criminalizar a quienes se le oponen; las autoridades, para justificar sus acciones violentas, se referían a quienes protestaban contra el gobierno como terroristas o conspiradores.
Desde entonces, las protestas han continuado, exigiendo un cambio sustancial en la situación. Un año y medio después del comienzo de la represión de las protestas, Amnistía Internacional sigue recibiendo informes de detenciones arbitrarias y tortura de personas privadas de libertad. Además, las organizaciones de la sociedad civil cuyo estatus jurídico fue cancelado por el gobierno (incluido el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH) siguen sin poder realizar libremente su trabajo en el país, y continúa el acoso contra periodistas y personas que defienden los derechos humanos. Los ataques contra la libertad de expresión y reunión pacífica indican una estrategia continuada para reprimir las voces discrepantes.