Amnistía Internacional Uruguay expresa su preocupación en torno a la situación del acceso al agua potable en Uruguay y la posible afectación de derechos humanos que esto conlleva.
Recordamos que el Estado uruguayo, en tanto estado parte del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), está comprometido a garantizar el acceso al agua en tanto derecho humano universal, situación que se reforzó en la reforma constitucional de 2004 en la que mediante mecanismos democráticos la población decidió, de forma soberana, reivindicar el acceso al agua potable y al saneamiento en tanto derecho humano consagrado en la constitución.
El derecho al acceso al agua es un derecho transversal, ya que su ejercicio o falta de él tiene un impacto inmediato en otros derechos humanos, tales como el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, al trabajo digno, entre otros.
Instamos al Estado uruguayo a tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho al acceso al agua potable, así como también a mantener los más altos estándares de transparencia y acceso a la información pública en todo lo referido a la gestión del agua potable que llevan adelante los organismos públicos con relevancia en la materia.
—