Marchamos, una vez más, para poner sobre la mesa la realidad desigual que viven las mujeres en Uruguay y en el resto del mundo.
Los femicidios son la expresión más cruel de la violencia de género, que pone fin a la vida de las mujeres por el hecho de serlo. Nuestro país viene presentando a lo largo de las décadas cifras preocupantes de asesinatos de mujeres por motivos de género, evidenciando un problema grave y estructural. Uruguay continúa siendo un país hostil para las niñas y mujeres. El año 2022 ha dejado un récord de mujeres víctimas de femicidios, así como también 8 niñas, niños y adolescentes han sido asesinados en contextos de violencia de género.
Las denuncias por situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes siguen aumentando año tras año. La violencia y la explotación sexual afectan más a las niñas y adolescentes. Una consecuencia de esta violencia son los embarazos infantiles que impactan en la salud física, psicológica y emocional de las niñas. La violencia deja huellas imborrables en las vidas de las niñas, niños y adolescentes.
La Educación Sexual Integral es un derecho y una herramienta muy poderosa para detectar y denunciar oportunamente situaciones de violencia en sus manifestaciones más tempranas. Que niñas, niños y adolescentes cuenten con una ESI de calidad y adaptada a su etapa en el ciclo vital, permite estar en mejores condiciones para disfrutar su vida y tomar decisiones relacionadas con la salud sexual y reproductiva. Los programas de ESI aún no se aplican de forma obligatoria y las señales de profundizar en una universalización de la ESI de calidad y con enfoque de derechos permanecen lejos del horizonte.
Las responsabilidades de cuidados siguen recayendo más sobre las mujeres, a pesar de que las tareas reproductivas son vitales para las actividades productivas y, por lo tanto, deben asumirse como responsabilidad social. Las tareas del hogar y de cuidados son centrales para que una sociedad pueda funcionar y se desarrolle. Garantizar el derecho a cuidar y a ser cuidado debe contemplar la conciliación y la corresponsabilidad de las tareas reproductivas como un asunto de justicia social y de género.
El 8M es una nueva oportunidad para exigir justicia de género en todas las dimensiones de la vida, reclamar derechos y denunciar cómo mujeres y niñas son golpeadas por la estructura de desigualdad en Uruguay y en el mundo.