Las Américas sigue siendo una región en donde la desigualdad, la corrupción, la violencia, la degradación medioambiental, la impunidad y el debilitamiento de las instituciones son una realidad habitual. Antes de que iniciara la pandemia, multitudes enteras se tomaban las calles en un intento colectivo por exigir el respeto a los derechos humanos. Salvo escasas excepciones, la mayoría de los gobiernos respondieron a estas protestas con represión y haciendo uso excesivo de la fuerza, en un intento de silenciar las reivindicaciones de mayor justicia social.
El caso de Chile no es la excepción. A partir de mediados de octubre del 2019 el país comenzó a vivir uno de los episodios más transformadores de su historia reciente. A la luz de pronunciarse por la subida de la tarifa del transporte público en la Región Metropolitana, miles de personas se movilizaron y desencadenaron una ola de manifestaciones por casi todo el país, con el fin de demandar una mayor igualdad social y exigir el reconocimiento y la garantía de los derechos sociales y económicos.
Aunque la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, hubo daños en el mobiliario público y privado con lo cual, el Gobierno del presidente Sebastián Piñeira decretó estado de emergencia constitucional y ordenó a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile salir a las calles con el fin de controlar las movilizaciones. Estos dos entes del estado fueron acusados de innumerables violaciones a los derechos humanos al accionar en contra de estándares internacionales.
Como lo menciona el informe Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social, durante un mes y medio, al menos 347 personas resultaron con lesión ocular y ma?s de 12.500 requirieron atención de urgencias en un hospital público por incidentes sucedidos en el marco de las protestas (Amnistía Internacional, 2020). Fabiola Campillai y Gustavo Gatica hacen parte del grupo de personas que perdieron la vista en el marco de este estallido social.
Fabiola Campillai, de 36 años, madre de tres hijas/os, bombera, jugadora de fútbol y activa en labores comunitarias, se dirigía al trabajo cuando recibió el impacto de una bomba lacrimógena por parte de Carabineros en su rostro. Este ataque se llevó consigo su vista, el sentido del olfato y del gusto. Además, este brutal suceso le provocó múltiples fracturas craneoencefálicas que le han obligado a someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas de alto riesgo. A su vez, Gustavo Gatica, un joven estudiante de psicología que participaba en las manifestaciones del estallido social, quedó ciego por el impacto de balines que coinciden con los disparados por el personal de Carabineros.
Aunque desde Amnistía Internacional Uruguay celebramos el paso democrático que dio Chile el pasado 25 de octubre al votar por la realización de una nueva constitución, exigimos en el marco de nuestra campaña Escribe por los derechos que los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social de Chile sean investigados y judicializados y que el Estado tome las medidas necesarias para que las víctimas sean reparadas debidamente.
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