El pasado 12 de junio se hizo público el caso de una niña de la ciudad de Lascano, Rocha, que quedó embarazada a los 12 años por su padrastro, luego de ser presuntamente abusada desde sus 8 años por el mismo agresor. Este caso de abuso y embarazo infantil recordó una grave problemática presente en la sociedad Uruguay de la cuál poco se ha habla y se hace. Desde Amnistía Internacional Uruguay manifestamos nuestra profunda tristeza por la víctima y señalamos algunos elementos para visibilizar y prevenir estas situaciones en el futuro.
En primer lugar, el embarazo de una niña de 12 años no es otra cosa que un embarazo infantil y es, ante todo, una situación que vulnera gravemente los derechos de las niñas. A pesar que las políticas nacionales en el tema suscriben a la comprensión del embarazo infantil como una expresión de violencia hacia las niñas, una niña que queda embarazada, independientemente de las circunstancias o razones, es una niña cuyos derechos quedan menoscabados, por lo que las políticas deben hacer los mayores esfuerzos para evitarlo.
El informe Embarazo infantil en Uruguay. Aportes para la agenda presentado en 2018 por AI UY, evidenció que la realidad de las niñas que viven embarazos y maternidades forzadas en Uruguay aún no ha sido suficientemente visibilizada. A su vez, como en el actual caso, la mayoría de los embarazos infantiles tienen su causa en los abusos sexuales, ya sea por parte de miembros de la familia o personas cercanas a ella. En este sentido, según datos del SIPIAV para 2016, 8 de cada 10 víctimas habían sufrido esta forma de violencia de forma recurrente, registrándose una vivencia sistemática y extendida en el tiempo, cuando fueron detectados por el sistema de protección. Esto refuerza la idea de que la niña embarazada en Lascano no es un caso aislado, sino la expresión más recurrente de una vulneración profunda de los derechos humanos de las niñas.
En cuanto a la prevención, es clave el rol que juega el sistema educativo principalmente a través de la educación sexual integral que permita a las niñas y adolescentes tomar contacto con sus derechos sexuales y sobre su cuerpo, así como contar con herramientas para identificar posibles situaciones de abuso y cómo denunciarlas. Al mismo tiempo, desde AI UY se ha señalado que no existe la suficiente calidad y cantidad de datos desagregados que permitan comprender cómo se llegó a dicho embarazo y si la niña o adolescente recibió el cuidado y la protección adecuada.
Por último, exhortamos a las autoridades a profundizar en la protección y prevención del abuso y embarazo de niñas, desde una perspectiva de género y derechos humanos que debe incluir:
a. Mecanismos de detención y acción temprana de violencia sexual
b. Educación sexual integral
c. Campañas de erradicación de estereotipos
d. Separación del agresor e. Acceso a anticoncepción oral de emergencia
e. Servicios ginecológicos para detectar posibles ITS o embarazos
f. Interrupción segura del embarazo.
Es importante comprender que en este tema se cruzan varias vulneraciones graves de los derechos de estas niñas y que el embarazo en sí es solo un aspecto de esta violencia y que, por lo tanto, los Estados tienen la obligación y responsabilidad de garantizar el pleno goce de derechos de las personas, en particular de las niñas.