El 11 de junio se realizó el webinario Seguridad, vigilancia y datos en tiempos de pandemia, organizado por Amnistía Internacional Uruguay, Amnistía Internacional Paraguay y DATA Uruguay, con el apoyo de Creative Commons Uruguay, la Red de Gobierno Abierto, Observacom, TEDIC Paraguay y La Diaria. Maricarmen Sequera y Gustavo Gómez fueron los panelistas centrales de la actividad, quienes expusieron su visión sobre las soluciones tecnológicas impulsadas por las empresas y los Estados ante la emergencia del COVID19 y los riesgos que implica su continuidad el día después de la crisis.
Tras el webinario Género y cuidados en tiempos de pandemia, este es el segundo encuentro virtual en el marco de la campaña de Amnistía Internacional Uruguay (AIUY) Más cerca que nunca. Se trata de una iniciativa que busca monitorear la evolución epidemiológica y social de la emergencia sanitaria por la COVID19, así como las medidas del gobierno para paliar la crisis. A partir de ello, se busca desarrollar acciones de comunicación sobre el impacto de la crisis en materia de Derechos Humanos.
Según Lucía Pérez, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay, estos seminarios pretenden reabrir viejos temas que a partir de la pandemia exigen un abordaje desde nuevos ángulos. En esta oportunidad se trabajó sobre la vigilancia y la seguridad de los datos personales en el contexto de las iniciativas derivadas de la crisis y su impacto en clave de Derechos Humanos. Pérez, reflexionó sobre el lado B de estas acciones y la necesidad de analizar posibles vulneraciones al derecho a la privacidad y la información personal. El objetivo fue identificar qué temas es necesario colocar en agenda y coadyuvar a que las organizaciones sociales puedan tener capacidad de incidencia en estos debates públicos.
Su colega, María José Garcete, gerente de acción de Amnistía Internacional Paraguay, reivindicó la necesidad de contar con políticas y estrategias de seguridad digital de las personas desde un enfoque integral de Derechos Humanos en un marco de dependencia social de las Tecnologías de Información y Comunicación en auge. Por su parte, Daniel Carranza, cofundador de DATA Uruguay, destacó el contexto de colaboración entre las instituciones organizadoras para avanzar del diálogo a la incidencia y la acción. En ese sentido, invitó a los participantes a unirse a la Red de Gobierno Abierto.
Los límites del tecnosolucionismo.
Según Maricarmen Sequera, cofundadora y directora ejecutiva de TEDIC Paraguay, la privacidad no debe asociarse a qué se quiere esconder, sino al derecho a decidir cuándo y con qué fines revelar determinada información personal. Por tanto, debe considerarse relacional, en la medida que siempre depende de la audiencia. Ello se puede comprobar con elementos del entorno cotidiano como las cortinas, ventanas, o puertas que se usan para delimitar espacios íntimos. El derecho a la privacidad implica la protección contra las intromisiones abusivas en las vidas personales. Se trata del espacio necesario para el ejercicio de la libertades sin riesgo a represalias.
Según la experta, esta pandemia profundizó el paradigma del tecnosolucionismo, en una coyuntura donde los Estados están buscando soluciones urgentes con muy poca madurez normativa. Por ejemplo, en Argentina las sanciones contra prácticas abusivas empresariales pueden llegar a ser de solo 20 mil dólares, una cifra insignificante para transaccionales de la tecnología.
Sequera catalogó a estas mega empresas -privadas y públicas- como aliados riesgosos. Advirtió que en su mayoría los desarrollos no se hacen en el sur global, lo que genera un grave problema de desconocimiento de las comunidades tecnológicas para su análisis. Las instituciones locales son débiles, incapaces de de analizar tanto flujo de información, lo que las lleva en muchas oportunidades a privatizar sus desarrollos, señaló.
Desde TEDIC se cuestiona el avance del tecnosolucionismo. Sequera observó que reducir las respuestas innovadoras sólo al uso de celulares, internet o bluetooth puede ser un problema grave ya que se olvida del enfoque de las personas. Ello suele derivar en disyuntivas retóricas como la falsa oposición entre privacidad y seguridad, apuntó.
Otro problema propio del tecnosolucionismo surge cuando se dan cambios en los procesos, por ejemplo con las escuelas virtuales, pero no se tiene en cuenta la desigualdad en los accesos a la infraestructura de internet, por lo que mucha gente queda atrás, como niñas y niños o personas mayores por su distancia con las tecnologías. Las soluciones pueden ser efectivas, pero no eficaces. ¿Nos importa la eficacia o la igualdad? se preguntó Sequera.
Contact tracing y control social
En cuanto al contact tracing, según la experta, los estudios no garantizan que esto ayude a predecir la evolución de la pandemia, ya que se subestiman otros factores como la institucionalidad pública o los niveles de corrupción. Países como España y Holanda llegaron a la conclusión de que este tipo de aplicaciones no ofrecen valor agregado pero sí ponen en riesgo la privacidad y seguridad de las personas. Sequera planteó que incluso en los casos en que los países tienen robustas legislaciones en la materia, suelen prescindir de la capacidad para su instrumentación.
Por lo general la población que no tiene herramientas para gestionar estos momentos de crisis se vuelca al miedo y la discriminación, lo que deriva en la viralización de información engañosa y la persecución a determinados colectivos. Esta mirada distorsionada generalmente desemboca en apoyo popular a medidas de vigilancia y control social, advirtió.
A su vez, según Sequera estas herramientas de control social se terminan usando en otros contextos, por ejemplo para manipular mercados, fronteras y la política. La preocupación no trata sobre las herramientas en sí, sino sobre cómo y por quién son usadas. Para cerrar, concluyó que no es necesario vigilar a la población si se tienen buenos sistemas sanitarios de orientación, siendo clave la confianza y capacidad de agencia de la población.
Geolocalización, ciberpatrullaje y libertad de expresión
Gustavo Gómez, director ejecutivo de Observacom, alertó que además de la crisis sanitaria, esta pandemia pone en riesgo el derecho a la libertad de expresión e impacta negativamente en las discusiones que se estaban dando en América Latina.
La salud pública es un elemento legitimador de políticas estatales que restringen derechos, en un paradigma incluso mayor que el de la protección de la seguridad. La gente está en este momento mucho más abierta a perder derechos como la privacidad a cambio de la seguridad sanitaria, dijo. Gómez apuntó que estas herramientas ya venían creciendo pero ahora se amplían mucho más, desde la vigilancia del espacio público a las comunicaciones privadas en línea. La tentación está al alcance de la mano, no solo por parte de los Estados, hay una industria de la vigilancia que se está relamiendo, observó.
Otro aspecto profundizado por esta pandemia es la geolocalización. En la región, algunos países como Perú, están promoviendo normas para obligar a las empresas de telecomunicaciones a proveer información a solo pedido de la policía sobre ubicación y desplazamiento de las personas. En Uruguay, la versión inicial del proyecto de ley de Urgente Consideración, afortunadamente ya retirado del debate, exigía a las telefónicas datos de ubicación de sus clientes a los efectos de perseguir delincuentes a solo pedido de la policía sin debido proceso ni orden judicial, según planteó Gómez.
El experto reflexionó también sobre el ciberpatrullaje, el cual a través del desarrollo de inteligencia artificial y mecanismos de rastreo de comunicaciones privadas para prevenir el delito -o en Argentina para identificar el humor social- ahora se justifica por el seguimiento a la pandemia. Advirtió sobre el riesgo de que estas normas y tecnologías se apliquen abusivamente más allá de la pandemia, como el contact tracing en manifestaciones de Estados Unidos para identificar quiénes participan en las movilizaciones.
Según el experto, los organismos interamericanos están advirtiendo estas amenazas. Por ejemplo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó en su resolución 1/2020 el documento Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, que se suma a las declaraciones de los relatores de libertad de expresión de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Gómez llamó a las organizaciones y militantes sociales a traducir estas observaciones en derechos que puedan ser apropiados por la población, así como evitar y prevenir cambios normativos abusivos.
Coronavirus UY
En relación a las corporaciones tecnológicas de gran escala como Facebook, Google y Twitter, Gómez advirtió que ya se enfrenta una situación excesiva -estructural y previa a la emergencia sanitaria- en cuanto a la exigencia de datos personales para el uso de software. Los Estados deberían tener políticas públicas no solo para proteger estándares de derechos, sino también para evitar abusos en el manejo empresarial de datos y publicidad engañosa, reivindicó.
Gómez señaló que empresas ya están estudiando cambios en la movilidad de las personas previo y durante la emergencia sanitaria. En Uruguay, la aplicación Coronavirus UY se desarrolló a partir de que Apple y Google, quienes manejan casi el 100% de los sistemas operativos móviles, ofrecieron esa tecnología como soporte para un desarrollo que permitiría reducir el ritmo de contagios por contacto. El experto insistió en que las personas tengan capacidad de decisión sobre su uso. No puede ser obligatorio, como pasa en otras regiones del mundo, y su utilización debe acotarse al contexto de la pandemia, señaló. Gómez transmitió que en Uruguay los desarrolladores de la aplicación están haciendo las cosas de manera por lo menos razonable.
Por último, el experto abordó la situación de las plataformas digitales y los debates públicos. Denunció una intervención creciente de las empresas en la moderación de los contenidos, siendo que incluso las organizaciones sociales reclaman su intervención. Desde Observacom advierten no pedir deseos que se pueden cumlpir, ya que los Estados, sobre todo pequeños, no tienen forma de controlar que ese control se haga de forma adecuada y democrática. Actualmente están bajando millones de contenidos por mecanismo filtrado automático, lo que constituye una enorme amenaza para la libertad de expresión e información, apuntó Gómez.
De Orwell a Huxley
Llegado el momento del intercambio, desde Ecuador un participante denunció el escenario de horror que vive ese país con muertos pudriéndose en las calles. Consultó a los panelistas si entendían que estos casos justifican excepciones en la protección de datos personales. Por ejemplo, ante la negación del gobierno de dar información sobre el avance de la pandemia, las organizaciones sociales publicaron nombres y lugar de los fallecidos. Fue a partir de ese hecho que el gobierno reaccionó y reconoció la situación, contó el participante. Al respecto, Gómez reafirmó que la protección de los datos personales no es un derecho absoluto, sino que admite su revisión en relación a otros derechos como la salud pública. Se trata justamente de regular y acotar esas excepciones, afirmó.
También se consultó sobre el monitoreo de contenidos engañosos en redes de mensajería instantánea como Whatsapp. Sequera citó una investigación sobre fake news en Brasil que no encontró correlación entre los engaños difundidos y eventuales cambios en los motivos por lo que la gente elegía a quién votar. La población votó según sus afinidades o rechazos previos, por lo que no se demostró inducción, afirmó. Gómez diferenció las redes sociales de la mensajería privada encriptada en donde no hay ni debería haber moderación de contenidos. Los riesgos de abrir la encriptación son mayores que mantenerlo.
Para cerrar, Sequera planteó que todos estos fenómenos se dan dentro de lo que Shoshana Zuboff llamó capitalismo de vigilancia y sobre internet la citó diciendo nunca nos hemos sentido tan libres pese a ser observados sin descanso. Por tanto, según la experta paraguaya, no se está ante la omnipresencia planteada por Foucault o la distopía de Orwell, sino en el mundo feliz de Huxley, donde la sociedad entrega felizmente su información a cambio de servicios y entretenimiento.