Tras las acciones judiciales emprendidas por nuestras organizaciones ante el Tribunal Administrativo de Apelación de París, Florence Parly, ministra francesa de las Fuerzas Armadas, acaba de anunciar que ha cancelado la entrega de seis barcos a la guardia costera libia, a lo cual nos oponíamos. Acogemos con satisfacción la suspensión de este plan, que habría convertido a Francia en cómplice de los delitos cometidos contra personas migrantes y refugiadas en Libia.
En abril de 2019, emprendimos acciones judiciales para impedir la entrega de seis barcos, anunciada en febrero de 2019 por la ministra francesa de las Fuerzas Armadas, a la guardia costera libia. Llevamos varios años denunciando las consecuencias de la cooperación de los países de la Unión Europea con Libia para las personas migrantes y refugiadas atrapadas en una situación infernal.
El gobierno francés se ha visto obligado a ceder a la presión pública y judicial y se ha retractado de su promesa de cooperación, que habría permitido a la guardia costera libia disponer de medios logísticos para devolver migrantes a Libia, donde se sospecha que sufren terribles malos tratos. Esta retractación es, sobre todo, una victoria para los hombres, mujeres, niños y niñas que habrían sido devueltos en esos barcos a un país donde corren peligro de volver a sufrir detención, tortura o violación.
Tras la cancelación de este proyecto, exigimos a Francia que imponga unas condiciones estrictas sobre toda iniciativa de cooperación bilateral o europea con Libia para garantizar que se protegen y respetan los derechos y la seguridad de las personas migrantes y refugiadas. Mientras las personas migrantes y refugiadas permanezcan recluidas en Libia en condiciones inhumanas, Francia y otros países europeos deben suspender toda forma de colaboración que dé lugar a su detención o devolución a Libia.