Más de 170 defensorxs de los derechos humanos han sido asesinadxs en Colombia desde la firma del acuerdo de paz. La situación es crítica. Las personas defensoras de derechos humanos están siendo amenazadas, atacadas y asesinadas. Te invitamos a conocer a estxs siete defensorxs colombianxs de los derechos humanos, y a actuar por su protección.
“Solo quiero protección sin discriminación”
Luz Dary es una joven mujer transgénero de 19 años que vive en la costa Caribe. Desde que decidió hablar libremente de su identidad de género, ha sido rechazada por su familia, y ahora vive con algunas compañeras que también son activistas LGBTI. Hace un año formó parte de un grupo que organizó una marcha por los derechos LGBTI en la ciudad donde vive. Al día siguiente aparecieron unos grafitis en la pared de su casa. Luego recibió un panfleto de un grupo armado amenazándola. Otras de sus compañeras de organización han recibido amenazas y hace 6 meses una fue asesinada, en lo que considera es parte de un plan para sacarlas del barrio por parte de grupos ilegales que controlan el área. Ella se ha vuelto conocida en su ciudad por su lucha y por vestir siempre ropa con mensajes de activismo. Ha solicitado medidas de protección, pero se las han negado por considerar que tiene su riesgo lo tiene por el simple hecho de ejercer su activismo.
“Paz es estar en el territorio, poder sembrar, poder trabajar la tierra y desarrollarnos como mujeres indígenas”
Damaris es una mujer indígena del norte de Colombia. Tiene unos 38 años y viste con mantas que le enseñó a tejer su madre. Damaris comenzó a organizar a las mujeres de su comunidad para exigir el respeto al medio ambiente de cara a la explotación minera que ha afectado gravemente al ecosistema de su región. A pesar de ser una líder innata, las dinámicas culturales dentro de su comunidad le han hecho difícil ejercer su liderazgo por ser mujer. Su familia y miembros de su comunidad le critican su labor como lideresa y le reclaman que debería estar en la casa cuidando a sus hijos. A pesar de estos obstáculos, Damaris continúa organizando a más mujeres indígenas y denunciando la situación de vulneración de los derechos de las mujeres indígenas de su región.
Hace un poco más de cinco años Damaris recibió amenazas que la obligaron a salir del país por un poco más de un año con el apoyo de una organización internacional. Después de la firma del Acuerdo de Paz, Damaris decidió volver a Colombia, pero pocos meses después volvieron las amenazas. Dos hombres en moto le mandaron a decir con su hijo que se fuera otra vez o que la desaparecían. A Damaris le otorgaron medidas de protección pero ésto le constituía una carga económica adicional; tenía que pagar por los desplazamientos y en muchos casos la alimentación de su guardaespaldas. Además al no ser indígena, al guardespaldas no se le permitía ingresar a varias de las comunidades indígenas con quienes trabaja Damaris. La situación le resultó insostenible y decidió prescindir de las medidas otorgadas.
Para Damaris, la protección va más allá de un guardaespaldas y un celular. La seguridad para ella solo es posible por medio de trabajo con la comunidad y un fortalecimiento de su organización a nivel social y espiritual.
“Sin su familia uno no está protegido”
Flor es una mujer campesina del Norte de Santander. Tiene unos 45 años y es la cabeza de su familia. Como lideresa de la junta de acción comunal en una zona rural, exige que se mejoren las condiciones de vida en su comunidad, y denuncia públicamente a las fuerzas paramilitares presentes en la zona. Ha hecho reiterados pedidos para recibir medidas de protección. Luego de que unos hombres en moto pasaran frente a su casa e hicieran varios disparos contra su domicilio, Flor decidió volver a pedir medidas. La consecuencia no la esperaba. Meses después, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le quitó la custodia de sus hijos por considerar que su activismo les ponía en riesgo. Su riesgo ordinario le generó al Estado la obligación de adoptar medidas de seguridad, pero también causó que hoy se encuentre separada de sus hijos en contra de su voluntad.
“Una persona tiene que tener los tiros encima para que le den protección…”
Marleny es una mujer afrodescendiente de 35 años. Nació y creció en el Pacífico colombiano. Tiene una familia extendida grande muy cercana a ella. Siempre ha alzado su voz en contra de las injusticias o el sufrimiento de las personas. Esto la llevó a involucrarse con organizaciones que defienden los derechos de las personas afrodescendientes de Colombia. Hace unos años denunció la llegada de fuerzas paramilitares a su comunidad y habló de cómo esto ha afectado sus vidas. Como resultado, tanto ella como sus familiares empezaron a recibir amenazas, que se concretaron en un ataque de violencia sexual en su contra. Tuvo que desplazarse forzadamente de su comunidad con sus hijos. Ahora vive lejos del resto de su familia y su comunidad. Su trabajo como defensora de los derechos humanos continuó, y olas amenazas contra ella y directamente contra su hijo no cesaron. . Decidió pedir medidas de protección al Estado. El trámite demoró varios años y sólo se le dieron luego de que ella y su hijo sufrieron un atentado grave que le dejaron con dificultades para caminar y secuelas emocionales a su hijo, que sólo tenía 10 años cuando se dieron los hechos. Las medidas que le dieron fueron un chaleco antibalas estrecho y pesado que no suele usar ya que la pone en mayor riesgo al exponerla como un posible blanco de violencia. También se le ha asignado un escolta, que ha dado indicios de estar informando a la UNP sobre sus actividades, y que a veces se niega a ir con ella a los lugares donde trabaja. Ella cree que su comunidad es la más indicada para protegerla, y le gustaría que reciban algún tipo de capacitación y recursos para esto, ya que en ellos si puede confiar.
“Si eso pasa conmigo, ¿qué está pasando con el resto?”
Luis es un hombre indígena de 40 años. Es gobernador indígena y líder regional en el Cauca. Lleva consigo su bastón de mando, símbolo de la Guardia Indígena. Es reconocido a nivel nacional e internacional por su trabajo como defensor de los derechos de pueblos indígenas.. Pero más allá de su activismo fuera de su tierra, es el líder de su resguardo y su representante ante la mesa indígena del Cauca. Luis ha organizado varias movilizaciones sociales por el respeto a su territorio y ha denunciado el reclutamiento forzado de menores indígenas. Luis y la organización indígena nacional con la que trabaja han sido amenazados en varias oportunidades a través de llamadas y mensajes de texto donde les acusan de guerrilleros y les exigen no continuar con las denuncias.
Luis también ha sido criminalizado en razón de su lucha constante para que el Estado reconozca que los indígenas deben ser quienes guardan su tierra. Tras años de batallas legales fue absuelto de los cargos formulados en su contra. El siente que su vida está en riesgo, pero considera que es la guardia indígena la que debe protegerlo, por eso no ha solicitado medidas de protección al Estado.
“Lo matan a uno en vida”
Gregorio es un hombre afrodescendiente del Caribe; alto y flaco, de unos 40 años. Su comunidad se ubica en una zona donde coinciden varios actores armados. A lo largo de los años su comunidad ha sido testigo de enfrentamientos durante los cuales se han visto afectados. Gregorió sobrevivió una de varias masacres que ocurrieron en la zona y desde ese momento asumió un perfil público de liderazgo que hace que hoy tenga un reconocimiento a nivel nacional y contacto directo con autoridades de alto nivel. Él apoyó el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC. Por ser tan visible en su labor como defensor, ha recibido amenazas de diversos frentes, llegando al punto que a las personas de su propia organización les da miedo estar en público con él. Tuvo que salir de su comunidad a vivir en una ciudad más grande. Incluso, ha enviado a sus hijos a vivir con familiares para evitar ponerlos en peligro también. A pesar de tener contacto directo con representantes del Estado, su pedido de protección demoró casi un año en materializarse y no es suficiente ni adecuado para la zona donde él vive y trabaja.
“Tantos años esperando para retornar y nos siguen amenazando”
Ezequiel es un campesino de 65 años de edad. Es conocido por siempre usar un sombrero que perteneció a su padre. Siempre ha tenido un fuerte vínculo con su tierra, ya que sus ancestros viven en la zona desde hace mucho tiempo. Ese vínculo, dice él, es lo que lo empuja a hacer lo que sea para defender su derecho a vivir ahí. Desde hace años, instalaron controles militares en la zona, pero la presencia de paramilitares y otros actores armados no ha cesado. En el 2002 fue desplazado de la zona. Años después logró retornar y creó una zona humanitaria para proteger a su comunidad y no permitir que actores armados ingresen. Esto ha hecho que sea víctima de amenazas, y ha recibido numerosos panfletos que lo señalan directamente
A Ezequiel le fueron asignados un chaleco antibalas y un celular. El respondió que la protección debe dársele al territorio y su comunidad. Para la UNP, Ezequiel rechazó las medidas asignadas.